Es imprescindible definir la figura de agricultor genuino por el mayor compromiso ambiental acordado para el periodo de la PAC 2023-2027 que supondrá mayores costes de producción para los agricultores y ganaderos.
La Unión de Campesinos de Castilla y León, tras el acuerdo casi definitivo para la futura PAC alcanzado este viernes pasado y a la espera de nuevos datos del Consejo de Ministros de estos dos días y de la ratificación oficial del Parlamento, considera que conllevará una pérdida de competitividad de las explotaciones y menores rentas para los agricultores y ganaderos.
La organización agraria cree que, tal y como está planteado el acuerdo, con los nuevos topes del 25% para ecoesquemas y el 35% del segundo pilar a fines ambientales, se refuerza mucho más de lo que se debería la ambición verde de la PAC. Esto supondría una pérdida de competitividad que sitúa a los agricultores y ganaderos en situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas, favoreciendo una competencia desleal desde la propia Unión Europea a través de tratado y acuerdos de libre comercio, sin respetar los principios de reciprocidad ni exigir a las mercancías importadas nuestras mismas normas.
UCCL exige que a la hora de hacer el acuerdo del Plan Estratégico de la PAC en España es imprescindible definir la figura de agricultor genuino que permita dirigir estas ayudas directas a quien realmente las necesita, los agricultores y ganaderos a título principal, que evite poner en jaque a un sector estratégico como es el sector primario, productor de alimentos de calidad. La organización también critica la inclusión de la condicionalidad social en la PAC de forma obligatoria a partir de 2025 que solo aportará más complejidad burocrática al sistema.
Unión de Campesinos señala, además, que en la vigente PAC los mecanismos de regulación del mercado han funcionado de manera muy deficiente en los casos de distorsiones de los mercados y que no han dado respuesta eficaz a las graves crisis que han sufrido, y aún sufren, muchos sectores. “En esto no se ha hecho ninguna reforma en profundidad, con lo que seguiremos tan indefensos como hasta ahora ante la volatilidad de los precios agrícolas” afirman.
Asimismo, en cuanto a las ayudas, se estima que se confirmará para España una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas, lo que significará un recorte directa de unos 523 millones de euros entre 2021 y 2027, así como, adicionalmente, la reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, la que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (90 millones de euros anuales 2023 – 2027).
“Las rentas de los profesionales del sector agrario deben venir, no de las ayudas, sino del mercado; pero las recortan, nos imponen condiciones que aumentan nuestros costes, desmantelan los mecanismos de regulación de los mercados y nos ponen a competir en inferioridad con terceros países” comentan desde UCCL “Nos están condenando a quienes vivimos de esta actividad”.
