Incluye un tope máximo de ayudas por beneficiario (capping) fijado en 100.000 euros, una reducción de ayudas a partir de 60.000 euros (degresividad), con posibilidad de descontar los costes salariales y un pago redistributivo a las primeras hectáreas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado al Consejo de Ministros el informe sobre el estado de situación de la Política Agraria Común (PAC), cuyas nuevas reglas se aplicarán en España a partir del 1 de enero de 2023, tras el acuerdo alcanzado a nivel comunitario en Luxemburgo el pasado 28 de junio y tras la decisión adoptada, a nivel nacional, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 14 de julio. El ministro ha detallado algunos de sus aspectos más significativos de esta PAC que distribuirá las ayudas directas de manera más equitativa y eficiente.
“Esta PAC será más justa, más social y más sostenible”, ha asegurado el ministro. Una política agraria con un fuerte componente medioambiental, puesto que más del 40 % de su presupuesto se destinarán a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente. El ministro ha precisado, no obstante, que tiene en cuenta la necesaria rentabilidad de las explotaciones, cuya actividad es esencial para preservar el tejido económico del medio rural y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos. Incorpora medidas para afianzar la incorporación de la mujer a la actividad agraria. España ha logrado incorporar, por primera vez, la perspectiva de género como uno de los objetivos específicos en la PAC.
La próxima PAC supondrá un marco regulatorio estable para un sector estratégico del Gobierno, como lo es el agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones y que ya supone algo más de una quinta parte del total, con 54.000 millones de euros en 2020. Además, es un sector clave para asegurar el mantenimiento de la población en el medio rural, contribuyendo positivamente al reto demográfico, con una actividad en la que la innovación y el uso de nuevas tecnologías marcarán su futuro más inmediato.
Contará con medidas para apoyar la mejora de la rentabilidad del sector y potenciar su competitividad, con medidas encaminadas para impulsar el relevo generacional, la igualdad de género, la innovación, la digitalización para asegurar la adaptación de la agricultura y ganadería españolas a las nuevas demandas sociales.
Plan estratégico, ecoesquemas y dimensión social
Antes de la entrada en vigor el 1 de enero de 2023, los Estados miembros tienen que presentar a la Comisión Europea (CE) para su aprobación, un plan estratégico, que constituye una de las principales novedades de esta PAC, ya que los países definirán cómo aplicarla en sus territorios para adaptarla a su diversidad agronómica, que en España es muy amplia, desde producciones continentales de la cornisa cantábrica hasta los cultivos subtropicales de Andalucía o Canarias.
Para ello, el ministerio presentó el 14 de julio a las comunidades autónomas un documento que servirá de base para la elaboración del plan estratégico, que se completará con la definición de los ecoesquemas o prácticas voluntarias que contribuyen favorablemente al clima y al medio ambiente, por cuya realización, agricultores y ganaderos recibirán un pago en remuneración por llevarlas a cabo.
España presentará, antes del 30 de diciembre de 2021, su plan estratégico a la CE, en el que la dimensión social será una de las principales novedades. Para el pago de las ayudas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales. Además habrá un techo máximo de ayudas (capping), fijado en 100.000 euros por beneficiario, una reducción progresiva (degresvidad) a partir de los 60.000 euros, con la posibilidad de tener en cuenta los costes salariales a la hora de aplicar estas reducciones y un pago redistributivo que beneficiará a las primeras hectáreas.
Antecedentes
La nueva PAC empezó a negociarse en junio de 2018, cuando la Comisión Europea presentó sus propuestas legislativas. Desde entonces hasta ahora, ha habido múltiples reuniones entre ministerio, comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, así como organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil para perfilar el modelo de aplicación, a través del Plan Estratégico, de la política agraria en España
En el Consejo Europeo de julio de 2020, en el acuerdo alcanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, España logró un presupuesto de 47.724 millones de euros para los años 2021-2027, cifra similar al periodo de programación anterior 2014-2021, en un contexto complicado, ya que la salida del Reino Unido suponía reducir un 15 % el presupuesto del conjunto de la Unión Europea (UE).
El informe presentado, coincidiendo con la reciente publicación España 2050, muestra como el sector agroalimentario español presenta un diferencial de competitividad muy positivo respecto a los países de nuestro entorno en la UE, razón que explica nuestro balance neto exportador. Sin embargo, el apoyo de la PAC sigue siendo necesario en un sector para acercar la renta de las explotaciones a los ingresos del resto de la sociedad española, dado que actualmente son un 30 % inferiores al resto de sectores, con ayudas enfocadas a quien más necesite de estas ayudas, que ayuda a preservar el entorno y a dinamizar la economía rural.
Importancia económica del sector agroalimentario
El sector agroalimentario tiene un papel estratégico en la economía española, aporta más de un 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) y ocupa a más de 2,6 millones de personas. Es un sector clave no solo por su importancia económica, sino también porque proporciona seguridad alimentaria a la población, que se ha visibilizado durante los meses más duros de la pandemia, y su relevancia para el equilibrio territorial, al tratarse de actividades que se desarrollan generalmente en zonas rurales.
