La mayoría de autonomías anticiparán el pago, a partir del día 17. Unos 680.000 perceptores se beneficiarán del adelanto de las ayudas directas que las comunidades autónomas deben solicitar al ministerio. En las próximas semanas se desembolsarán unos 2.800 millones de euros, que alcanzarán los 4.000 millones a finales de diciembre
El Consejo de Ministros da luz verde a un paquete legislativo de la próxima PAC, que entrará en vigor en enero de 2023, con dos reales decretos de los 18 que se aprobarán antes de fin de año
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que el 17 de octubre comenzará el pago anticipado de la Política Agraria Común (PAC), que beneficiará a unos 680.000 agricultores y ganaderos, y ofrecerá estabilidad en un momento económico complejo derivado de la guerra de Rusia en Ucrania. En las próximas semanas llegarán unos 2.800 millones de euros a los productores, cifra que ascenderá hasta aproximadamente 4.000 millones de euros a finales de diciembre.
El ministro ha informado al Consejo de Ministros y Ministras sobre la importancia del adelanto de las ayudas de la PAC para la economía de agricultores y ganaderos, así como para el medio rural, al llegar en un momento clave de planificación de la próxima campaña. Ha recordado que la política agraria comunitaria, que supone un apoyo de 7.400 millones de euros anuales a los productores españoles, es el principal apoyo económico al sector y supone entre el 20 y el 30 % de las rentas que perciben.
La Comisión Europea autorizó, a petición de España y otros Estados miembros, incrementar del 50 al 70 % el anticipo de las ayudas directas de la PAC, que constituye una “importante red de seguridad para agricultores y ganaderos, que remunera a los productores por ejercer un servicio esencial para la población y estratégico para la economía como la producción de alimentos de calidad”, ha destacado el ministro. Es decir, dará estabilidad a productores, con una importante inyección de liquidez, para hacer frente al inicio de la campaña, que comienza ahora con las siembras de invierno, y contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria no solo de España, sino del resto de países. España exporta más de la mitad de los alimentos que produce.
El ministro ha incidido en la oportunidad de los anticipos para que los productores planifiquen ya sus siembras de invierno, que permitirá que agricultores y ganaderos afronten el inicio de campaña con mayor liquidez en un contexto económico complejo de incremento de costes por la guerra de Rusia en Ucrania.
Luis Planas ha destacado, así mismo, que el Consejo de Ministros ha autorizado el reparto territorial de 135,4 millones de euros, la mayoría correspondiente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para fomentar la agricultura de precisión, la eficiencia energética y la economía circular, entre otros. También se incluyen pagos para erradicar enfermedades animales y luchar contra plagas o el desembolso para Canarias de tres millones de euros de las ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei). En la Conferencia Sectorial de Agricultura del próximo 13 de octubre se acordará el reparto entre las comunidades autónomas.
Además, el Gobierno ha dado luz verde a un paquete legislativo para la aplicación de la próxima PAC, que entrará en vigor en enero de 2023, con dos reales decretos, de los 18 que se aprobarán antes de fin de año. También se ha aprobado otro decreto con medidas coyunturales para flexibilizar las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Estas normas definirán el nuevo marco normativo de los programas operativos para el sector hortofrutícola por la guerra de Rusia en Ucrania. En 2020, el pago de estas ayudas comunitarias sumó algo más de 275 millones de euros para medidas dirigidas a planificar la producción, fomentar la calidad de los productos, mejorar la comercialización, entre otros, en este sector.
También se ha creado la Mesa Nacional y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, que promoverá la cooperación y el intercambio de información, entre todos los agentes implicados como regantes, organizaciones de productores y administraciones, para facilitar el desarrollo eficiente de la política de regadíos en España, uno de los puntales de la producción agraria.
