Es incomprensible que comunidades que no tienen lobo nos impongan su ecologismo radical
El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no escucha a las Organizaciones agrarias ni a las Comunidades autónomas y hoy se publica, en el Boletín Oficial del Estado, la Orden que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, donde se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (LESPRE).
La consideración del lobo como especie protegida en Castilla y León supone que la Comunidad autónoma no podrá hacer un control poblacional de esta especie en las zonas que así lo requieran, mediante una gestión cinegética eficaz y controlada. Según la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) esto supone un ataque frontal a la ganadería extensiva y una presión insoportable para muchas explotaciones.
La Unión de Campesinos de Castilla y León recuerda que la actividad ganadera en el medio rural es una actividad esencial tanto desde el punto de vista medio ambiental como social, al contribuir por un lado al mantenimiento de una población activa real en un territorio cada vez más despoblado y a ayudar a mantener nuestros montes limpios de maleza y prevenir los incendios.
En el año 2020 en Castilla y León se registraron 4.500 ataques de lobos que ocasionaron la muerte a 6.000 cabezas de ganado, sin contar los animales heridos y/o desaparecidos, ni los abortos que se producen a consecuencia del estrés a los que son sometidos tras un ataque. Las perdidas de los ganaderos de Castilla y León se pueden estimar en más de 5 millones de euros todos los años y las Administración tan solo compensa el 20% de los daños.
Esta situación se hace insostenible para los ganaderos ahora que no se podrá realizar un control poblacional del lobo por parte de las comunidades autónomas que favorezca el equilibrio del ecosistema, y va a suponer un grave peligro para la supervivencia de las explotaciones ganaderas de las que viven en torno a 35.000 familias. “Esta es la capacidad de dialogo que tiene el Ministerio”, lamenta UCCL.
