ASAJA de Castilla y León considera que ya hay suficientes indicios de que la PAC que llega no será mejor que la que queda atrás
Tras años de negociaciones, la Unión Europea ha dado luz verde a la nueva PAC, que marcará el rumbo de la agricultura y ganadería para el periodo 2023-2027. A partir de este marco, cada país tendrá que diseñar su Plan Estratégico Nacional, que se perfilará en los próximos meses para ser aprobado y desarrollado reglamentariamente en 2022. El 1 de enero de 2023 todo será ya una realidad inamovible.
Aunque todavía hay que profundizar en los documentos que llegan de Bruselas, ASAJA de Castilla y León considera que ya hay suficientes indicios de que la PAC que llega no será mejor que la que queda atrás. El resumen principal de ASAJA es “con números rojos, la agricultura no puede ser verde”. Europa trata de hacer una política agraria “de postureo, contentando a sectores hoy muy influyentes como el lobby ecologista, pero muchas veces pasando por alto la lógica productiva e incluso los datos científicos”.
Así, se consolidarán los ecoesquemas, a los que se vinculará un 25 por ciento de las ayudas, aunque los primeros dos años será de un 20 por ciento transitoriamente. Este punto, unido a la condicionalidad reforzada, puede complicar enormemente la labor a las explotaciones agrarias de Castilla y León, que parten de una situación de desventaja por las condiciones del territorio y tienen muy difícil modificar rotaciones de cultivos o reducir insumos, bajando su productividad. También supondrán un enorme escollo para producciones de regadío, como es el caso del maíz.
También se fija un mínimo de retención del 10 por ciento de los pagos directos para ser destinado a “pagos redistributivos”, que bajo su apariencia de reparto de “ricos a pobres”, será en realidad un castigo injusto para las explotaciones profesionales respecto a las que mantienen jubilados o profesionales de otros sectores que poseen las tierras como una mera inversión.
Igualmente, Bruselas ha descafeinado la figura del “agricultor genuino”, con lo que se frenan nuestras expectativas de valorar al profesional respecto al intrusismo, puesto que basta con justificar un 25 por ciento de la renta de procedencia agraria, incluso aunque toda sea procedente de subvenciones.
En resumen, “los mimbres que nos ofrece Europa no son buenos para la agricultura profesional, que es la que define a Castilla y León, y existe un riesgo cierto de desandar lo ya andado a favor de la modernización del sector”, lamenta Donaciano Dujo.
El responsable de ASAJA subraya que “el sector español se lo juega todo a una carta, la del Plan Estratégico Nacional. Es fundamental que ministerio y comunidades peleen para adaptar la nueva PAC a un sector agrario y ganadero como es el español, competitivo y puntero, con vocación exportadora. No pueden dejar que se convierta en un jardín subvencionado y sin rentabilidad y que al final tengamos que depender aún más de importaciones a las que por cierto no exigen reciprocidad en las normas de producción”.
