Mientras que la publicidad del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León apunta que se ha hecho un anticipo del 70 por ciento de los importes de las ayudas directas de la PAC, la situación real es muy distinta, pues en Castilla y León, donde ese anticipo representaría 669,9 millones de euros, únicamente se han anticipado 485 millones, es decir, el 51 por ciento. ASAJA pide a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que libere los 185 millones de euros que faltan por abonar a los agricultores y ganaderos, ya que la situación está creando un serio problema financiero a miles de familias agricultoras y ganaderas.
Según ha podido saber ASAJA de Castilla y León, el no haberse liberado estos fondos se debe a que por un retraso administrativo faltan muchos controles por efectuar en las distintas líneas de ayudas, lo que ha llevado a bloquear los pagos para que no haya hipotéticos ingresos indebidos. ASAJA no admite que el agricultor y ganadero se convierta en el pagano de esta falta de previsión de los organismos de control, y pide a la consejera del ramo, María González Corral, que dé orden de pago, aún sin haberse efectuado los controles, y que se solicite después la devolución de pagos indebidos en los pocos casos en los que así proceda. Esto que solicita ASAJA está permitido en los reglamentos de la PAC, pero la Junta optar por no utilizarlo para no acumular más carga administrativa.
Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no está informando de las incidencias en los expedientes que no han cobrado el anticipo del 70%, ni está dando una fecha aproximada de cuándo va a resolverse la cuestión, lo que está provocando un gran nerviosismo en el sector. Las entidades tramitadoras, que son las organizaciones profesionales agrarias (estas además en su condición de entidades colaboradoras) y las entidades financieras, no tienen acceso a esta información que están pidiendo los afectados.
ASAJA denuncia también que no haya un compromiso cierto para anticipar el 85 por ciento de las ayudas de los programas agroambientales y de zonas con limitaciones, cuando la Unión Europea ha dado luz verde para pagarlas desde el pasado 16 de este mes de octubre.
